En un movimiento potente contra el colapso financiero heredado, el Congreso Nacional recibió el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que declara un Estado de Emergencia Fiscal por hasta 24 meses.

La iniciativa del Ejecutivo busca amputar alrededor de 36 instituciones estatales redundantes, redirigir embargos judiciales –que en 15 días superaron los 3,000 millones de lempiras– a la Tesorería General y reestructurar la deuda pública, todo bajo estrictos controles para evitar abusos y garantizar servicios esenciales.

El proyecto busca que el gobierno logre reducir instituciones del Estado, actualmente más de 100, así como que los embargos judiciales por diversas causas no se apliquen a la Caja Única del Estado, sino que se dirijan a la Tesorería General de la República (TGR), para que haga las programaciones del pago de las mismas.

Igualmente, de aprobarse el proyecto de ley autoriza a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para reestructurar o perfilar la deuda pública del Estado (tanto interna como externa), a fin de poder honrar los compromisos de la hacienda pública.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa sostiene que el país enfrenta una situación fiscal extraordinaria que compromete la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir oportunamente sus obligaciones constitucionales y legales.